Municipio del Tolima aparece en lista negra de la CGR

CGR detectó irregularidades sobre destinación de recursos de la Asignación Especial SGP para Resguardo Indígena en Prado.

Por: Editora Local

638 hallazgos disciplinarios y 45 de carácter penal, dan cuenta de la gravedad del problema que significa el manejo de los recursos del SGP destinados a los Resguardos Indígenas. En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.

Un total de 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por $16.776 millones de pesos, estableció la Contraloría General de la República al concluir una Actuación Especial de Fiscalización a los más de $1,04 billones de pesos del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas del país, durante las vigencias 2015 a 30 de junio de 2019. 
 
Se determinaron 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen posible connotación disciplinaria y 45 presunto carácter penal. 
 
Otros 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de Indagación Preliminar, 7 a Procesos Administrativos Sancionatorios, 22 tienen otras incidencias y 41 representaron beneficios de auditoría por $2.235 millones. 
 
Los conceptos emitidos para cada uno de las entidades territoriales que manejaron recursos de la llamada Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas y que fueron objeto de esta Actuación, permiten concluir que solo el 25.22% (57) manejaron adecuadamente estos recursos. 
 
Mientras tanto, el 61.95% (145 entidades territoriales) presentan deficiencias, que si bien no son generalizadas si impactan el cumplimiento de los objetos contractuales y las metas de los proyectos formulados por las comunidades indígenas, siendo más grave aún, lo evidenciado en el 10.62% de las entidades (24), cuyas deficiencias son materiales y generalizadas. 
 
En general, de acuerdo con la revisión efectuada a los contratos de ejecución de estos recursos, se encontró que la estructuración de los proyectos de inversión, por parte de los resguardos indígenas, presenta debilidades, ya que no surte la metodología dispuesta para ello según la normatividad aplicable, no hay una determinación de la población beneficiaria de los bienes y servicios contratados y no presentan un cronograma de ejecución del proyecto, aunado a la falta de asistencia técnica por parte de las Oficinas de Planeación Municipal y Departamental.  
 
Adicionalmente, la gran mayoría de los recursos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad indígena. 
 
No se ejecutan todos los recursos disponibles 
 
La Contraloría verificó que es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo, por lo que en cada vigencia se deben incorporar recursos del balance en cantidades importantes de la vigencia o vigencias anteriores, como consecuencia de la baja ejecución de los recursos. 
 
A partir de los documentos aportados por las entidades territoriales, se determinó un presupuesto definitivo auditado, en las cinco vigencias, de $1.040.465.959.949, el cual incluye lo girado por el Ministerio de Hacienda, los rendimientos financieros y recursos del balance incorporados en 2015, correspondientes a recursos disponibles de vigencias anteriores.  
 
Del presupuesto señalado se ejecutaron $662.702.203.040, que representan el 63.69% de los recursos disponibles ($592.829.177.303 ejecutados por entes territoriales y $69.873.025.737 por Resguardos Indígenas Certificados). 
 
Para adelantar esta ejecución, las entidades territoriales suscribieron previamente 3.111 contratos de administración de recursos, por $916.976.492.528, suma que representa el 88.13% del total de recursos.  
 
En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.  

Inoportuna incorporación de recursos 
 
Hay también inoportunidad en la incorporación de los recursos de la Asignación Especial y falta de gestión de los entes territoriales para garantizar que las entidades financieras reconocieran adecuadamente los rendimientos financieros. 
 
Y se da igualmente oportunidad en la incorporación de los intereses recibidos y los recursos del balance. 
 
Entre las razones para no celebrar oportunamente los contratos, se tienen debilidades en la gestión de los entes territoriales y/o demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión, lo que dificulta la ejecución de los planes de inversión.  
 
Las deficiencias en los controles que deben ejercer los entes territoriales en la ejecución de los recursos, permiten el incumplimiento de los objetos contractuales, esto conlleva a que se hagan pagos o desembolsos sin los soportes requeridos. 
 
Se evidencian deficiencias por la no elaboración de proyectos de inversión, o formulación inadecuada (sin cumplimiento de todos los requisitos), además de la inoportunidad de los mismos, afectando la ejecución del presupuesto (se ejecuta sin tener claras las necesidades de la comunidad indígena). 
 
Algunos casos de deficiencias en los contratos de administración 
 
Dentro de las principales deficiencias, relacionadas con los contratos de administración, se evidenciaron situaciones como las siguientes. 
 
Los municipios de El Bagre, Cáceres (Antioquia), Guapi (Cauca), Chía (Cundinamarca), Unguía y Acandí (Chocó), Calamar (Guaviare), Rivera (Huila), Albania (La Guajira) y Prado (Tolima), no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas, es decir, no ejecutaron los recursos que les fueron asignados y girados para realizar proyectos de inversión en beneficio de las comunidades indígenas. 
 
Estos 10 municipios dejaron de ejecutar $6.521.503.357 en las 5 vigencias. 
  
El municipio de Arauca, no obstante haber suscrito los contratos de administración con los 5 resguardos de su jurisdicción por $449.566.819, no ejecutó los recursos en las vigencias 2016 y 2017, por tanto, no se realizó ningún proyecto de inversión que beneficiara a la comunidad indígena. 
 
Arauquita, en el departamento de Arauca, suscribió contratos con los Resguardos Indígenas Bayoneros por $9.905.140; El Vigía por $69.700.000 y cajaros por $5.801.396, en la vigencia 2017. Sin embargo, no hubo ejecución del contrato de administración, como consecuencia tampoco los proyectos de inversión se llevaron a cabo. 
 
En el departamento Caldas, los municipios de Belalcázar, Riosucio, Risaralda y San José suscribieron los contratos de administración en las vigencias auditadas, pero no incorporaron los proyectos de inversión a ejecutar ni las actas de priorización de los mismos por las asambleas de las comunidades indígenas. 
  
Albania en el Caquetá, para su resguardo solo suscribió contrato de administración en la vigencia 2018; igual que La Montañita, en el mismo departamento, que para su resguardo solo suscribió en el 2016, dejando de ejecutar $238.390.349 y $144.284.732, respectivamente, en las 5 vigencias. 
  
El Consejo de Autoridades Indígenas del Resguardo Indígena de San José del Ariporo, en el municipio de Paz de Ariporo, por voluntad propia dejó de ejecutar los recursos en las vigencias auditadas, que sumaron $368.079.848. 
 
El municipio de Timbiquí en el Cauca, no suscribió contratos de administración para sus 4 resguardos indígenas, en las vigencias 2015 y 2017. (Total presupuesto sin ejecutar: $1.284.630.718). 
 
Para las vigencias 2017, 2018 y 2019, el municipio de Villagarzón – Huila, no celebró contratos de administración de recursos para los 11 resguardos del municipio. 
 
No se identifican las necesidades de las comunidades indígenas 
 
Se evidenció que, pese a la existencia de actas de asamblea de los resguardos indígenas, existe en la mayoría de ellos, desconocimiento respecto de la formulación de los proyectos de inversión, dificultad en la concertación con las comunidades y deficiente identificación de las necesidades de la comunidad, que no conducen a mejorar las condiciones de vida de la población indígena.   
 
Tampoco se establece la justificación de los proyectos, no se identifican los beneficiarios y qué bienes se entregarán, ni cómo, cuándo o dónde se cumplirá el objeto contractual.  
 
La mayoría de los entes territoriales suscriben los contratos de administración de forma extemporánea, es decir, después del 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, lo que trae como consecuencia el envío tardío al Ministerio del Interior, incumpliendo la normatividad que señala la entrega del contrato de administración, junto con los proyectos de inversión debidamente formulados, a más tardar el 20 de enero de la vigencia en la cual se van a ejecutar dichos recursos. 
 
Situaciones que se dan por falta de supervisión de contratos y convenios 
 
Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales, presentando falencias respecto del seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, lo que genera:  
 
Incumplimiento de los objetos contractuales. 
 
Falta de entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos; e inexistencia de registros de entrega de bienes.  
Las actas de supervisión no detallan la labor ejecutada en cumplimiento del objeto contractual.  
 
Extremos como en la Alcaldía de Solano - Caquetá, en donde el contratista termina haciendo entrega de dinero en efectivo a los beneficiarios, porque los materiales y/o equipos que les compraba la entidad territorial no les eran necesarios y no estaban contemplados dentro del contrato de administración.  
Diferencias entre lo pactado, suscrito y ejecutado. 
 
En algunos casos, el visto bueno de la supervisión, está fundado en la información suministrada por el mismo contratista. 
 
Adquisición de bienes muebles (vehículos, lanchas etc.) sin el título de propiedad a nombre del resguardo (Orocué-Casanare, Buenos Aires-Cauca, San José del Guaviare y Cumbal-Nariño). 
 
Falta de legalización de los predios adquiridos por los resguardos y cuyo título de propiedad no está a favor del resguardo (Ipiales-Nariño, Dibulla-Guajira y San Agustín-Huila). 
 
Maquinaria entregada por el ente territorial pero que no se encuentra en uso por el resguardo. 
 
Obras inconclusas, fallas de calidad de obra, bienes sin utilizar o deteriorados, obras terminadas sin prestar servicio alguno (Aldana, Córdoba, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Potosí y Santacruz (Nariño), Puerto Leguízamo (Putumayo).  
La no entrega de los elementos solicitados en donde se cambian por otros de uso exclusivo del representante legal del resguardo. 
 
Venta de los elementos entregados por el ente territorial, por parte de algunos miembros de la comunidad indígena, por lo que la adquisición de los mismos es repetitiva durante varias vigencias. Por su vida útil, se considera que no debían ser adquiridos cada año. 
 
Contratación de alimentación para 95 pacientes, los cuales -según cruce con las ESE- no fueron atendidos en los tiempos en que se realizó la contratación (Cubará y Güicán, en el departamento de Boyacá). 
 
Pago de incentivos que no se encuentran dentro de los fines de los recursos utilizados. 
 
En el departamento de Guainía se realizó el pago de subsidios estudiantiles que no corresponden a un proyecto de inversión autorizado, por $246.282.543. Y mientras tanto se declararon como inviables, cultivos de yuca dulce, reparación de viviendas y conucos afectados por la ola invernal del 2018. 
 
Pago de manipuladoras las cuales debieron ser garantizadas por el operador del PAE, contratado por la Gobernación del Amazonas. 
 
Mayores valores pagados en la compra de combustible. 
 
Adquisición de bienes que no están en funcionamiento y se encuentran desarmados y en mal estado. Construcción de baterías sanitarias, las cuales no han prestado servicio porque el sistema séptico es deficiente y no se conectaron a la red. 

Esta Actuación Especial de Fiscalización de la CGR se adelantó respecto de 820 asignaciones especiales de SGP para resguardos, de las 892 que contaron con recursos presupuestales, durante las vigencias auditadas, 2015 a 30 de junio de 2019, lo cual equivale al 91,93%, correspondientes a resguardos ubicados en 29 departamentos del país, dentro de los que se incluyen 8 resguardos certificados, que administran autónomamente sus recursos.

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