Rosmery, Girón, Hurtado, y varios aspirantes al concejo en lista negra

Vía: informe de la fundación paz y Reconciliación.

La Fundación Paz y Reconciliación pares de Ariel Ávila y León Valencia habló en su último informe emitido este viernes 11 de octubre de 2019, sobre algunos candidatos que están en contienda y tienen sus procesos pendientes con la justicia. En este documento aparece el nombre de Rosmery Martínez Rosales, señalada de ser la heredera de su hermano Emilio Martínez, un político que por actos de corrupción cuando fue presidente de la cámara de representantes, le fue retirado de por vida sus derechos políticos y por eso se hace elegir en cuerpo ajeno.

También aparecen los nombres de José Alberto Girón Rojas, con un proceso delicado que le adelantan por irregularidades en la contratación desmedida en el IBAL. Otro que también nombra este informe es Andrés Fabian Hurtado, por el tema de haber autorizado los piques de carros en la pista del aeropuerto perales.

Están relacionados también otros nombres de aspirantes a la alcaldía y al concejo de municipios en el Tolima, el documento de la fundación. Inicia así:

La lista de candidatos cuestionados

Son 98 los candidatos que en una primera indagación aparecen como los más cuestionados por corrupción, por llevar en su frente la herencia de la parapolítica o por presentar alguna relación con fuerzas ilegales. Esta lista es apenas una muestra de la gravedad del asunto. Esta es la conclusión a la que llega la Fundación Paz y
Reconciliación -Pares- después de monitorear a 236 candidatos a gobernaciones y alcaldías en 27 departamentos, así como tres (3) casos excepcionales a concejos
y asambleas departamentales. Esta lista está muy lejos de ser exhaustiva, es apenas una exploración con los recursos limitados de Pares.

Veamos los hallazgos en esta muestra que seguiremos ampliando con el paso de los días y el transcurrir de las campañas:

1. Por indicios de corrupción son 53. Destacamos algunos
casos: Israel Londoño Londoño, candidato a la gobernación
de Risaralda, exalcalde de Pereira, quien pese a haber sido inhabilitado por 10 años por irregularidades en la contratación,
logró evadir esta inhabilidad pagando una multa de $56.000.000 y ahora aspira a gobernador. Gabriel Calle, papá del representante liberal Andrés Calle, quien estuvo bajo orden de captura por desfalcos a la alcaldía de Montelíbano, obtuvo la revocatoria de la captura y, aún en medio de la investigación, aspira nuevamente a la alcaldía. Fredy Anaya, candidato a la alcaldía de Bucaramanga por el Partido Conservador, a quien se le acusa de participar en la cuestionada red de contratistas
del Clan Tavera, cuyos contratos con la administración pública
ascienden a 33 mil millones de pesos. Facundo Castillo, aspirante a la gobernación de Arauca por una coalición sobre la que pesan 15 investigaciones.

2. La herencia de la parapolítica la componen 38 cuestionados. Nueve (9) directamente vinculados a procesos judiciales por este fenómeno que apareció a principios de este siglo, y otros de segunda generación en la condición de
familiares o allegados (29). De los primeros destacamos a: Yahír
Acuña, Mario Fernández Alcocer y César Alzate. De los segundos
a Juana Gómez Bacci, aspirante a la asamblea de La Guajira, hija de Kiko Gómez, condenado por homicidio y señalado por
parapolítica; a Luis Miguel Cotes, aspirante a la gobernación del
Magdalena, heredero de la estructura parapolítica de Francisco “Chico” Zúñiga y condenado por parapolítica; a Luis Alberto Monsalvo Gnneco, candidato a la gobernación del Cesar, hijo de Cielo Gnecco, prima de “KiKo” Gómez y perteneciente a
un clan acusado de relaciones con reconocidos paramilitares y narcotraficantes; a Roberto Jiménez Naranjo, candidato
al concejo de Dosquebradas, Risaralda, hermano de Carlos
Mario Jiménez, alias “Macaco”. (temido exjefe paramilitar y
narcotraficante); y Arleth Casado de López, cabeza de lista al concejo de Montería por el partido Liberal, esposa de Juan López Cabrales, condenado por parapolítica.

3. En vínculos con otras fuerzas ilegales son siete (7) cuestionados, de los cuales sobresalen: Hernando Posso Parales, candidato a la gobernación de Arauca, capturado en 2002 por presuntos vínculos con las FARC-EP; Néstor Pérez, candidato por firmas a la alcaldía de Villavicencio, con indicios de
ser testaferro del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez Rey
alías “Coleta”; y Jorge Coral Rivas, quien aspira a la gobernación
de Putumayo y ha sido señalado, en diversas ocasiones de sostener vínculos con la banda criminal “La Constru”.

4. En esta oportunidad muchos de los candidatos cuestionados han recurrido a las firmas y a las coaliciones para inscribirse y participar de la contienda electoral. Detrás de esto, hay varios cálculos. Las firmas les dan un aire ciudadano a las candidaturas, permiten iniciar la campaña con anticipación dado que la recolección de los apoyos es un escenario privilegiado para promover los nombres de los aspirantes, mientras tanto los clanes y los partidos que los apoyan están detrás del escenario guiando la trama sin exhibir sus nombres. Así ha ocurrido anteriormente con los partidos Conservador, Liberal, Opción Ciudadana y Partido de la U.

5. Un fenómeno político nuevo y que tendremos que desentrañar, es la aparición de la Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, que con sólo tres meses de existencia avaló a 3.500 candidatos. Algunas fuentes señalan que detrás de este partido están viejos parapolíticos como Luís Alberto Gil, alias el Tuerto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra.

6. Un factor que sin duda afecta la democracia es la limitación de la competencia política que se da en algunos departamentos, esto ocasionado por la consolidación y control absoluto que ejercen determinados clanes políticos en algunos territorios que llevan a que, antes de empezar la campaña, ya están cantadas las victorias. Esto ocurre en por lo menos once departamentos. Tres ejemplos: Atlántico y Barranquilla por la influencia de la familia Char, Valle del Cauca por la preponderancia de Dilian Francisca Toro y Cesar por el dominio de los Gnecco.

7. La presencia de 98 cuestionados en una primera mirada da cuenta de la impunidad judicial, política y social que se vive en nuestro país. Muchos de los cuestionados han estado en manos de la justicia o en el ojo de la opinión pública y ahora
se presentan, muy campantes, a los cargos públicos de sus regiones. Citemos algunos casos como ejemplo: José Nadín Arabia Abissad, de la región del Bajo Cauca, quien ha sido relacionado con el narcotraficante Byron Piedrahíta y con otros narcotraficantes; Luis Arturo Palmezano de Hatonuevo, La Guajira, investigado por constreñimiento electoral, concierto para delinquir y peculado, entre otros; según fuentes en terreno el candidato tendría presuntos vínculos con grupos al margen de la ley.

Entre los señalados aparece Rosmery Martínez Rosales, José Alberto Girón Rojas, Andrés Fabian Hurtado, y varios aspirantes al concejo en el Tolima:


Copias: Listado de políticos cuestionados en el Tolima, según la Fundación Paz y Reconciliación pares. cambioin.com


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