Procuraduría abrió indagación contra alcalde de Ibagué

Foto: Alcalde de Ibagué. cambioin.com

Por: Editora Local

Procuraduría abrió indagación y pidió la suspensión del proceso para la construcción y adecuación del coliseo mayor de Ibagué por más de 43 mil millones.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios de la alcaldía de Ibagué y solicitó la suspensión del proceso de selección contractual COLMA-LP-01-2020, para la construcción y adecuación del coliseo mayor en el parque deportivo de la capital del Tolima, por un valor que supera los $43.917’090.564,00 millones.

Entre los temas de la indagación figuran eventuales inconsistencias en los criterios de selección establecidos en los pliegos de condiciones, lo que habría limitado que al cierre de presentación de las ofertas, el pasado 24 de abril, solo se hubiera presentado un proponente.

El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, en comunicación al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, consideró necesaria la intervención del ente de control “en aras de garantizar la transparencia del proceso licitatorio en curso”.
Frente a la solicitud de suspensión del proceso de selección contractual COLMA-LP-01-2020, el ente de control alertó sobre un posible desconocimiento a los principios de igualdad, moralidad selección objetiva, y responsabilidad de la contratación estatal.
“La participación en los procesos de selección de contratistas debe ser en igualdad de oportunidades, y los pliegos de condiciones, las invitaciones a participar y los documentos empleados para la selección de los contratistas, así como los reglamentos creados para tal fin, deben diseñarse de forma que garanticen la igualdad entre los proponentes; el deber de selección objetiva de las propuestas impone evaluación entre iguales y la escogencia de la mejor propuesta y para el caso en concreto el pliego de condiciones tiene medidas restrictivas”, sostuvo el Ministerio Público en comunicación al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de individualizar a los presuntos responsables, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública.

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