Ibagué no se puede endeudar más: Directora del DAF

El concejal de Ibagué Rubén Darío Correa, dice que no se pueden pasar por alto las advertencias de la funcionaria del Ministerio de Hacienda.

Vía: oficina de prensa del concejal Rubén Darío Correa Carvajal.

Esta nota está leída por el concejal de Ibagué Rubén Darío Correa, o podrá leerla en su totalidad.

Audio: Concejal de Ibagué, Rubén Darío Correa Carvajal, cambioin.com


Las advertencias de la Directora de la DAF sobre el empréstito de $105 mil millones que no podemos ignorar

El suscrito concejal Rubén Darío Correa invitó a la doctora Ana Lucía Villa jefe de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda (DAF), para absolver las consultas e inquietudes de los 19 concejales respecto al proyecto de endeudamiento de $105 mil millones. La misma contó con el respaldo, por unanimidad, vía proposición, del resto de 18 cabildantes.

La Alcaldía, al terminar la intervención, tituló en su página oficial que “MinHacienda respalda proyecto de endeudamiento presentado por la Alcaldía de Ibagué”.

Creo que la respuesta de la doctora Villa no la publicaron completa y fue sacada de contexto. Ella, al escuchar a la Administración decir que con los indicadores que tiene para sustentar el crédito, las proyecciones que maneja al largo plazo y las desestimaciones que hace respecto a la crisis futura derivada de la emergencia por el coronavirus, que la ciudad no se afectaría para nada, que no pasaría nada grave, entonces ella, con todo esto dijo que si fuera concejal de Ibagué aprobaría el crédito.

Para mí, la doctora Villa lo expresó de manera irónica a la Alcaldía y ésta decidió tomarlo y publicarlo como un espaldarazo, cosa que no fue así. Porque no es posible, con las proyecciones que hace el secretario de Hacienda, de que se trate de decir que Ibagué va a ser la única ciudad de Colombia que no será afectada económicamente por la emergencia derivada del virus. Ana Lucía Villa hizo graves advertencias que se quieren pasar por alto. Acá transcribo la frase completa de la funcionaria del ministerio de Hacienda para que así se concluya:

“A excepción de Ibagué, el resto de Colombia está en emergencia, porque me acaban de decir que la administración dice que no se le van a afectar los ingresos, entonces todos allá todo el mundo está pagando predial, ICA, están todos normales, que esa es como la presentación que están dando, y que por esa razón no va a modificar el Plan de Desarrollo luego no habrá modificación del Plan de Inversiones. Entonces yo siendo concejal de Ibagué ¿qué haría?, bueno, dado la información señor alcalde que usted nos está dando que no tiene ningún tipo de emergencia ni de crisis, pues, mire a ver,  muéstrenos el flujo con el que va a pagar el nuevo crédito, y en el marco fiscal debe estar a 10 años, si, pues el marco fiscal se hace a diez años, entonces, que como acaba de decir el concejal, que no vaya a poner al municipio de Ibagué, en situación de acogerse a un acuerdo de pasivos, a una ley de quiebras. ¿ Porqué? Pues porque dijo que no tenía ningún tipo de emergencia, que no tenía riesgo, con eso ustedes le aprobaron un cupo, y seguramente pues yo no sé si vaya o no a conseguir”

Subrayo además, que las proyecciones del secretario de Hacienda son tan ligeras y poco aterrizadas para lo que viene en materia financiera y social, que la propia directora de la DAF le dijo al secretario Alfonso que éste le había dado una ‘excelente noticia’: que Ibagué no va a requerir de apoyos de la nación en el futuro (?). Esto lo considero delicado porque, por estar justificando con proyecciones y realidades  equivocadas este empréstito, de pronto el gobierno Duque le coge la caña al secretario Leopoldo Alfonso y nos cierra las posibilidades de nuevos recursos. Para probar lo que acá consigno, adjunto el audio y transcripción del cruce de palabras entre el secretario y la directora de la DAF:

“ANA LUCÍA VILLA: Señor presidente, es para aclararle al secretario de Hacienda dos cosas: la herramienta Covid no la mandó planeación nacional sino la dirección de apoyo fiscal del ministerio de Hacienda. Eso no lo mandó Planeación sino nosotros. Precisamente para identificar en que entidades territoriales iba a haber necesidades de apoyos de la nación. Usted me da una excelente noticia, que ya se la transmito a todos mis compañeros, de que Ibagué no va a requerir apoyos de la nación. Cosa que me tranquiliza mucho. Porque usted me dice que tiene holgura de indicadores y demás y de verdad de que eso…

LEOPOLDO ALFONSO- (interrumpe): Doctora que pena yo no he dicho eso…

ANA LUCÍA VILLA: Usted acaba de decir que los indicadores, que tiene holgura en los indicadores. O no?

LEOPOLDO ALFONSO: digamos que eso es con relación al cumplimiento de los niveles de…

ANA LUCÍA VILLA: Por eso…

LEOPOLDO ALFONSO: Pero eso no traduce que el municipio no requiera recortes y creo que en el ministerio de Hacienda hay una solicitud dirigida al Presidente  de la República donde nosotros presentamos una información y unos datos  estadísticos y una metodología con el objetivo de obtener la proporcionalidad de los recursos del FOME….

ANA LUCÍA VILLA: Doctor perdóneme, cuales son los datos ciertos, los que me mandaron en el oficio o los que le presentó al concejo?”

Yo estoy de acuerdo con los empréstitos

Son necesarios. Si hubiese sido Alcalde tal vez estuviese acudiendo al crédito. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que esté mal motivado jurídica, financiera y socialmente, sin aterrizar nuestra realidad y las prioridades del momento. No estoy de acuerdo con dejar a Ibagué con un peligroso endeudamiento del 80% con la actual incertidumbre social y económica derivada de la pandemia. Y menos de comprometer un cupo de endeudamiento por más de diez años, no solo sin prever los ajustes inevitables a las leyes económicas en el mediano plazo debido, a la inocultable crisis que se ve venir, sino también dejando copado el margen para las próximas administraciones. Rechazo igualmente la posibilidad de exponer a los concejales que lleguen a aprobar la iniciativa a procesos penales y disciplinarios. La propia Ana Lucía Villa lo advirtió en la plenaria y quedó grabado:

*“El concejo en este momento está entregando un cupo de endeudamiento, como una fuente de financiación, a un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo no dura sino cuatro años (…)Este cupo de endeudamiento se le está dando al ente territorial como una fuente de financiación al Plan de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo dura cuatro años, ósea, un alcalde no puede dejar un cupo de endeudamiento  a los tres alcaldes siguientes, porque además no se sabe cuál va a ser la dinámica de los ingresos, si va haber modificaciones constitucionales del SIEP, si va haber una modificación o cómo va a salir reglamentada la ley de regalías, uno lo que garantiza es la financiación de este plan de desarrollo. Otro Alcalde que venga, mirará. Ahora, con esta emergencia, insisto, que no está afectando a Ibagué, pero al resto del país sí, posiblemente con leyes ordinarias, haya que modificar la ley 358 porque la realidad del país va a ser otra, haya que mirar a ver como se flexibilizan los indicadores de la 617, hay que mirar qué artículos de la 819 hay que suprimir o hay que modificar, pero esto serían leyes ordinarias entre los años 2022 y 2023 cuando tengamos ejecuciones reales y objetivas, no percepciones de la gente”*.

Además las cifras no me cuadran

El crédito se promete pagar pignorando dos rentas: la sobretasa a la gasolina y el ICA. De la primera, que es la tercera renta en importancia, el secretario Alfonso omitió dar cualquier información a la doctora Villa, menos la cifra actualizada de recaudo. ¿La razón?, creo firmemente que el funcionario sabe que la sobretasa a la gasolina se cayó a partir del confinamiento de la población, porque ya no hay transporte de carga, está disminuido el transporte público y privado, entonces no puede estimar que no se afectarán los ingresos cuando la sola sobretasa  tiene dos impactos: hay menos consumo por un lado y se cayó el precio de la gasolina por el otro. Nos pagaban sobretasa sobre el precio del galón a $9.300 pesos y ahora se descolgó a $7.958 pesos. Entonces la combinación de menos consumo y menos base gravable hará que la sobretasa no pase de los $16.000 millones de pesos este año, y quien sabe hasta cuándo. Es decir, un desfase de aproximados $8.000 millones de pesos respecto a lo presupuestado.

Y en la segunda renta a pignorar, el ICA, se correrá una suerte similar. En este 2020 los empresarios aún no lo pagan en la totalidad porque no tienen plata. Se estima que el recaudo este año no sobrepasará los $50.000 millones. El secretario convenientemente explicó solo que al comparar a 30 de abril del 2020 con el mismo periodo del 2019 tiene un 105% del recaudo, pero esa no es estimación actualizada cuando en realidad los efectos del coronavirus deben medirse, por lo menos a 30 de junio, y para esa fecha ya Fitch Ratings deberá hacer una cruda radiografía de la situación con una nueva calificación de riesgo, algo a lo que Alfonso estratégicamente no se quiere exponer.

Y ¿Por qué no quieren modificar los ingresos? Porque al hacerlo, se baja el cupo de endeudamiento. Y es por eso que hoy no quieren renovar la certificación. En esto tengo una certeza: si hay crisis en las finanzas privadas, habrá crisis en las finanzas públicas. Y el secretario Alfonso no lo ha aceptado. En su informe a la doctora Villa, Alfonso solo se dedicó a proyectar el predial, cuando jamás el concejo lo ha pignorado.

Y es que los Planes de Desarrollo se deben reformular para contener el Covid19 lo dijo la doctora Villa, no podemos pasarlo por alto.

La directora de la DAF repitió varias veces que los únicos créditos que están teniendo aprobaciones y visto bueno del Ministerio son para atender todos aquellos hechos que se derivan de la emergencia por Covid19, y que en tal sentido el Alcalde Hurtado tiene que replantear las obras o proyectos en virtud de la emergencia. Es más, advirtió sobre un decreto regulatorio que está listo para ser publicado desde la presidencia para los próximos días.

La doctora Ana Lucía Villa recalcó que si este crédito de los $105 mil millones es para dotación de hospitales, para provisión de elementos a todo el personal de atención médica, para compra de pruebas o los insumos para hacer pruebas del Covid, deberíamos de darle las autorizaciones. Pero si esto es para financiar un Plan de Desarrollo en el que no sabemos si lo va a poder ejecutar o no, entonces pues obviamente requiere, al ser un crédito ordinario, la calificación de riesgo actualizada, su incorporación en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y adicionalmente un cuadro de fuentes y usos para saber en qué es que se va a gastar cada peso del crédito, situación que solo la conocemos por partidas globalizadas y sin estar radicadas ni viabilizadas en el Banco de Proyectos.

Hay riesgos jurídicos además para los concejales. Ojo y oído. Si aprobamos el cupo de endeudamiento y autorizamos el crédito de $105 mil millones, los concejales quedaremos expuestos a dos prevaricatos

Hay una cosa riesgosa acá para todo el concejo que debo advertir: El proyecto de acuerdo está mal sustentado y deja abierta la puerta, como está presentado, para hacer incurrir en dos prevaricatos a nosotros los concejales: el primer posible prevaricato, porque jamás se lleva al concejo un acuerdo para aprobar cupos de endeudamiento, eso es potestad de las calificadoras de riesgo y es equivalente a coadministrar; y el segundo, al aprobar empaquetada la autorización del contrato de empréstito, sin tener el lleno de los requisitos consignados en el acuerdo 017 de 2016 como también nos lo advirtió Ana Lucía Villa. Personalmente creo que, en materia disciplinaria, en lo primero podría tipificarse como falta grave y exponernos a una suspensión; en lo segundo, falta gravísima y su consecuencia sería destitución. Pregunto, ¿es justo someter a mis compañeros a ese riesgo?

Además, subestimar el grave estallido social que nos traerá la crisis por coronavirus y no aterrizar todos los esfuerzos en tratar de mitigarlos en virtud a las herramientas que dio el gobierno en el marco de esa emergencia social y económica, como nos están advirtiendo, es delicado. Se pretende que detrás de los enfermos, coman los alentados. Es decir, acá es inoportuno presentar un cupo de endeudamiento para obras de cemento como un repartidor vial de $40.000 millones cuando es preferible ese monto destinarlo todo para la salud o en ayudar a la reactivación económica directa a los microempresarios, por ejemplo; esa obra no se enmarca en la emergencia Covid19.

La directora de la DAF además, en lo legal, fue clara en diferenciar que una cosa es un proyecto para solicitar un cupo de endeudamiento. Y otra un proyecto para solicitar autorización del crédito ordinario en virtud de obras viabilizadas y aprobadas en el Banco de Proyectos para apalancar el plan de desarrollo.

Pero acá presentaron al concejo en un solo proyecto el ‘dos en uno’. Para tratar de obtener en un solo trámite la autorización del cupo de endeudamiento y a la vez del crédito, y resulta que Ana Lucía Villa dijo que eran dos cosas distintas y necesitaban dos aprobaciones expresas y por separado por parte del concejo. Y en una de ellas, ineludiblemente, la de autorizaciones para suscribir el crédito, a expensas de un acuerdo de 2016, debe tener un certificado de calificación de riesgo actualizado para este empréstito de $105 mil millones, que a todas luces es distinto al que tramitó el ex alcalde Jaramillo, por lo que debe expedirse otro. El que adjuntaron no les sirve.

*Repito, el certificado de calificadora de riego no es válido.*

El certificado de la calificadora de riesgo debe ser actualizado. No es adecuado el que le expidió Fitch Ratings S.A. al ex alcalde Jaramillo por tres razones contundentes. Primero, porque así lo establece expresamente el acuerdo municipal 017 de 2016.

Segundo, porque, aunque el que presentó la Alcaldía de Hurtado se expidió a la anterior Administración en junio de 2019 y tiene vigencia de un año, el monto del crédito es distinto y las realidades económicas de la ciudad y el país hoy son otras a raíz de la pandemia, así esto no lo acepte el secretario Alfonso Lanini en sus proyecciones.

Y tercero, porque la misma Fitch Ratings S.A., rebajó el pasado 1 de abril de 2020 la nota de riesgo soberano de Colombia de BBB a BBB-, y mantuvo su perspectiva en negativa, algo que está desconociendo el secretario de Hacienda de Ibagué.

Así lo informó la misma calificadora en un comunicado, en el cual detalló la rebaja, y agregó que "refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales del país, por cuenta del menor desempeño de la economía causado por la fuerte caída de los precios del petróleo y los esfuerzos para combatir el coronavirus".

En esto Ana Lucía Villa  fue clara. Esta respuesta le dio a dos preguntas del concejal Javier Mora en la parte final de su intervención el pasado jueves:
*“JAVIER MORA: Si eso es cierto o no. Porque me confunden los compañeros porque cada uno coge lo que sumercé dice y lo aterriza a lo que quieren escuchar, entonces estoy confundido…*
*ANA LUCÍA VILLA: Lo que me han explicado, porque pues yo no soy de allá de la tierra, desafortunadamente, es que, el acuerdo del concejo lo que dice es que para nuevos endeudamientos, requiere de calificación de riesgo. Eso es lo que entendí. Entonces lo que separamos fue los conceptos. Es, aprobación de un cupo de endeudamiento para la entidad territorial que según las cuentas del secretario de hacienda, le da para ese cupo. Con qué propósito? Con el propósito de tener una fuente de financiamiento al plan de desarrollo. Otra cosa es, un contrato de empréstito, para lo que también el concejo le debe dar aprobación. Entiendo yo que el concejo de Ibagué aprueba el endeudamiento. En lo que estamos en este momento es en la aprobación de un cupo para que el plan financiero del plan de desarrollo les cierre. Otra cosa es, cuando él caiga al mercado financiero a buscar los créditos, a suscribir los contratos de crédito que vuelve a necesitar la autorización del concejo. Ahí  tiene que llegar con la calificación de riesgo actualizada con el marco fiscal de mediano plazo y ya. Son dos momentos distintos asociados a la deuda, o al endeudamiento.*
*JAVIER MORA: doc, lo que pasa es que aquí hay un solo proyecto de acuerdo. Y aquí en Ibagué, tradicionalmente, y yo que he tramitado varios, y he negado y aprobado varios, se hace solo este proyecto de acuerdo, ya aquí no vuelven a pedir autorizaciones para el contrato del empréstito, es solo este acuerdo, que compone entonces con su explicación, las dos cosas: la autorización del cupo y la autorización del contrato de empréstito, entonces, en ese entendido, se necesitaría la nueva certificación para tramitar este proyecto de acuerdo.

ANA LUCÍA VILLA: Si entendiéndose que en el cupo de endeudamiento le están aprobando también los contratos de empréstito, pues obviamente que se es suyo que necesita la calificación de riesgo. Para la aprobación del cupo solo, no; para la aprobación de los créditos, si lo necesita.

JAVIER MORA: Y como están en un solo proyecto, que es este, porque ellos no vuelven después

ANA LUCÍA VILLA: Entonces sí tienen que llevar la calificación de riesgo para un nuevo endeudamiento.”*

Para resumir, entre las falencias del Proyecto señalo tres tipos: jurídicas, financieras y sociales.

En la primera, está tramitando un proyecto de cupo de endeudamiento unido a las autorizaciones de crédito, cuando son dos cosas distintas; entonces aprovechan la ambivalencia para decir que por ahora no necesitan el certificado de la calificadora de riesgo actualizado, pero resulta que la Administración no volverá al concejo porque piensan acordar directamente con los bancos un contrato de crédito y allí no podremos realizar el control político para que todo esté en regla y las condiciones sean favorables al Municipio. En esto exponen al concejo a un alto riesgo jurídico. 

En lo segundo, pretenden dejar a la ciudad en el techo de endeudamiento con proyecciones arriesgadas de solo un 18,7% de disminución de rentas en los próximos años, algo exageradamente optimista, cuando hasta hace poco el mismo secretario de Hacienda, en el balance de los primeros 100 días del gobierno Hurtado, se quejaba de una situación calamitosa en materia financiera heredada de la administración Jaramillo, algo que resulta incongruente.

Y en lo tercero, desconocer los graves padecimientos económicos que se nos vienen encima, en materia de desempleo y crisis en los bolsillos de los hogares, es grave.

¿Cómo vamos a pagar impuestos si los ciudadanos no tendrán ingresos? En un foro económico de este fin de semana a expensas de la Universidad de Ibagué se conoció por ejemplo que el desempleo en nuestra ciudad se calcula a final de este año entre el 20 y 25%. La caída del PIB local se estima entre el 5 y 6%, la disminución de los ingresos del municipio se prevén cercana a los 45.000 millones de pesos y la pérdida del tejido empresarial (restaurantes, bares, tiendas, entre otros)  en un cálculo optimista  llegaría al 22%. Si nuestras empresas quiebran, no habrá recaudo de ICA ni en 2020, ni en 2021 ni en 2022.

En las fortalezas, rescato la intención de inyectarle algunos recursos en lo que es de altísima prioridad hoy: la salud y a la terminación del acueducto complementario para así llevarle agua a los barrios del sur.

*¿Entonces cuales deben de ser las prioridades del Plan de Desarrollo?*

Las prioridades deben ser dos fundamentalmente: salud y reactivación económica.
Pero esta última focalizada en inyectarle capital a la microempresa, al campo y al emprendimiento juvenil, todo para generar empleo. Allí debemos volcarnos. No tanto en obras de cemento donde el porcentaje de mano de obra de la región a utilizar es bajo, donde los proyectos aún están en servilleta y en donde crecen las posibilidades de que los de cuello blanco hagan de las suyas.

Por ejemplo en el empréstito que se quiere, con $40.000 millones de pesos proyectados en el repartidor vial de la 60, es preferible inyectarle vía préstamo de a $5 millones de pesos a 3.000 tenderos y a 5.000 microempresarios con la seguridad casi absoluta que ellos pagarían los recursos una vez se reactivaran con el capital semilla. Ayudemos hoy al tejido microempresarial para que el Municipio mañana sí pueda hacer repartidores viales y otras obras más. Hoy las políticas públicas deben de ir dirigidas a la supervivencia. El cemento no es prioridad.

En términos generales las conclusiones que dejó la intervención de la jefa de la DAF Ana Lucia Villa fueron muy enriquecedoras.

La mujer que más sabe de finanzas y situación fiscal de los entes territoriales en Colombia, nos dio todos los elementos para ejecutar nuestra función: control político a la actuación de una administración para que los escasos recursos del Estado sean bien invertidos en el marco de la difícil situación financiera del país y en beneficio de los ciudadanos. Nos recalcó que las prioridades deben centrarse en vencer al Covid19. Dejaré esas constancias de manera clara en la plenaria. Creo que quedamos notificados y advertidos.

Rubén Darío Correa Carvajal
Concejal de Ibagué

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