Abogado y su cliente mañoso a pagar por engañar a juez

Vía: Fiscalía General de la Nación 

Capturado abogado y un particular para cumplir condena por inducir en error a un juez de familia de Ibagué

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la unidad local del Líbano (Tolima), logró la captura de Jorge Arturo Castaño Celis y del abogado David Martinez Lugo, en cumplimiento a una orden judicial que pesaba en su contra para cumplir condena por haber inducido en error al titular del despacho del Juzgado 5° de Familia de la ciudad, quien emitió en 2010 la constancia de un edicto que jamás fue público.

Los detenidos fueron dejados a disposición del Juzgado 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el cumplimiento de la condena, imponiéndosele al abogado una pena de 72 meses de prisión por fraude procesal, mientras que a Martínez Lugo 78 meses de prisión, por las conductas de fraude procesal y falsedad en documento privado. 

El caso se originó por compulsa de copias de otro proceso, efectuadas por una fiscalía seccional, para que se investigara el punible de abuso de condiciones de inferioridad.

Las irregularidades consistieron en que el Juzgado 5° de Familia de la capital tolimense, por auto de fecha del 5 de octubre del año 2010, decretó el emplazamiento en los términos del art.589 del C.P.C. de todas las personas que se consideraran con derecho a intervenir en la causa mortuoria de Mariela Aristizábal Marín.

Fue así como el abogado indiciado Martínez Lugo, recibió el edicto emplazatorio para su publicación, indicando que se había publicado en la emisora Ecos del Combeima de Ibagué y en El Diario el Siglo, el 3 de noviembre del año mencionado. 

Posteriormente verificada la información contenida en la certificación de la emisora Ecos del Combeima, -que consiguió de manera fraudulenta Castaño Celis- se estableció que allí no se publicó dicho edicto, por lo cual la constancia expedida sobre la publicación del edicto era falsa, documento con el que se indujo en error al señor Juez.

Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley. 

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

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