5 años de prisión a cómplice de exalcalde de Villahermosa

Vía: Fiscalía General de la Nación 

Condenado a 5 años de prisión por participar en falso atentado contra el exalcalde de Villahermosa (Tolima)

El Juzgado Penal del Circuito del Líbano (Tolima) profirió sentencia condenatoria de 60 meses de prisión domiciliaria en contra de Álvaro Alarcón Amaya, luego de que el encartado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía reconociendo su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falso testimonio a título de cómplice.

El hombre participó en un falso atentado del cual simularon había sido víctima el alcalde de Villahermosa (Tolima), Carlos Evelio Herrera García en el año 2012. Alarcón Amaya se prestó como el conductor del vehículo que supuestamente había sido interceptado.

Los otros vinculados al proceso son el exalcalde Herrera García y Jeison Andrés León Canizalez. Este último, al parecer, consiguió el arma de fuego para impactar la ambulancia en la que se desplazaban el día de los hechos. El proceso de ambos se encuentra en etapa de juicio ante el mismo juzgado.

El falso atentado habría sido planeado con el fin de conseguir beneficios en cuanto a protección y movilidad por parte de la Unidad Nacional de Protección, cuando recién se había posesionado.

La Fiscalía contó con pruebas tales como grabaciones, quedando en evidencia el exburgomaestre en dos audios de septiembre y noviembre del año 2015, donde habla claramente con los otros dos investigados del plan y de cuáles eran sus intenciones. 

También el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué, que lidera el caso, reveló una conversación entre un miembro de la Policía Nacional y el exalcalde, en la que este último le solicitaba información sobre una búsqueda selectiva en base de datos, lo cual permitió establecer el fácil acceso y sin problema a información reservada de las autoridades por parte del entonces mandatario.

Fue así como gracias a la falsa denuncia, el alcalde obtuvo personal de escoltas, chaleco antibalas, un vehículo blindado y medios de comunicación para estar en contacto con el esquema de seguridad que le fue asignado, por el supuesto alto nivel de riesgo que presentaba. 

Es de anotar que el encartado deberá pagar además una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de los hechos, y fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 meses; decisión que quedó en firme.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

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