Los chanchullos de Jaramillo, que encontró la contraloría

Exalcalde Jaramillo Martínez enredado por dudosa aplicación de normas por descuentos en intereses del impuesto predial.

Por: Editora Local

Seis hallazgos fiscales que superan la suma de los 8 mil 870 millones de pesos, es el resultando de la auditoria especial de la Contraloria de Ibagué, donde además se registró 13 hallazgos administrativos, 11 disciplinarios y 2 penales
 
Cambioin.con el portal de las noticias conoció un hecho de corrupción, que pone de nuevo en la picota pública al gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo. Este medio de comunicación digital, tuvo acceso al resultado de la auditoría especial realizada por la Contraloria de Ibagué, donde se logró demostrar un presunto detrimento patrimonial por cuenta de los descuentos aplicados en intereses y sanciones en el Impuesto Predial Unificado del total de 7.169 contribuyentes por valor $4.783.305.698 e Industria y Comercio en un total de contribuyentes de 2.221 contribuyentes por un valor $4.032.106.344 para un total de $8.815.412.042.

En el informe negro, se logró demostrar que la administración anterior en cabeza del médico Jaramillo Martínez, aplicó de manera irregular lo contemplado en el acuerdo municipal No. 005 de 2019, ya que, a la totalidad de los contribuyentes no les era aplicables los beneficios contemplados en el citado acuerdo, lo anterior teniendo en cuenta que existían unos requisitos y unas condiciones específicas para hacerse acreedores a los beneficios establecidos, los cuales no fueron acogidos hecho que conllevó a la presunta pérdida de una importante cantidad de recursos para el Municipio en el monto citado.
 
El ente de control evidenció, que el exmandatario local incurrió presuntamente en los punibles delitos de prevaricato por acción contemplado en el artículo 413 y de peculado culposo previsto en el artículo 400 de la Ley 599 del 2.000. Asimismo, se vulneró el principio de economía que se encuentra en el artículo 209 de la C.P. De igual forma, presuntamente se infringieron los artículos 34, numeral 1 y 2, articulo 35, numeral 1 de la ley 734 del 2002, ante la falta de diligencia y eficiencia en el cumplimiento de los deberes.

Por lo anteriormente planteado, se determinó una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por valor de $8.815.412.042.
 
Otros de los hallazgos se presentan al evaluar los recursos de la deuda adquiridos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, así como los contratos derivados de los mismos, en los cuales se verificó el grado de cumplimiento de los principios de dicha gestión: economía, eficiencia y eficacia; la calidad de sus controles, la normatividad que les aplica y la efectividad con que se han utilizado los recursos puestos a su disposición para el cumplimiento de sus objetivos misionales.


Audio: Iván Darío Delgado Triana, contralor de Ibagué. cambioin.com

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