Por: Editor Ibagué - Publicado en marzo 07, 2022
El escándalo que puso al descubierto la propia Fiscalía General de la Nación, al revelar una red de corrupción que se quedaba con dineros públicos productos de manejar contratos con entidades oficiales, el cual era liderado desde la oficina del Senador liberal Mario Castaño, también tocó al Tolima.
Informe especial cambioin.com
Por el momento fueron detenidas 9 personas, una de ellas en Ibagué, claro que se calcula que son muchísimas más las implicadas en esta actividad ilegal. Pero a la par de esta situación ante la sala especial de instrucción de la corte suprema de justicia llegó una compulsa de copias contra el senador Mario Castaño, para que se investigue su participación en esa red de corrupción, que direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos en los departamentos del Tolima, Valle del Cauca, Cauca, y Risaralda.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, empresarios y particulares frecuentaban al congresista para ser beneficiados con contratos. En la reuniones, presuntamente, se ajustaban los pliegos contractuales y las condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en estos departamentos, para que quedaran en manos de las oferentes que el senador del Partido Liberal indicaba, por ese direccionamiento de contratos el político recibía a cambio del 10 % del valor total de cada uno.
Sobre el particular la Fiscalía General de la Nación se pronunció de la siguiente manera:
Vía: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación
Cae red de corrupción señalada de direccionar la contratación pública en varios departamentos del país.
Nueve personas fueron capturadas, entre ellas un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de un Senador de la República, funcionarios públicos y particulares. Esta noche un Juez de Garantías legalizó las 9 capturas.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una señalada red de corrupción que, al parecer, direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos del orden nacional, los cuales estaban destinados para cubrir obras públicas en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.
Un grupo especial de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el apoyo del CTI, en un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de un senador de la República, supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno.
Empresarios y otros particulares habrían frecuentado al congresista para ser beneficiados con contratos. En ese sentido, funcionarios de diversas entidades, presuntamente, ajustaban los pliegos contractuales y condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en distintos departamentos para que quedaran en manos de las oferentes que el senador indicaba.
En diligencias realizadas en Cali, Popayán, Ibagué y Pereira fueron capturadas nueve personas que harían parte del entramado ilegal. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto de delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.
Adicionalmente, se compulsaron copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue las actuaciones en las que habría incurrido el senador.
Esta información se publica por razones de interés general.
Hasta aquí el comunicado de la Fiscalía General de la Nación.
Aparte del pronunciamiento oficial se han conocido detalles que revelan por ejemplo que una de las capturadas Lorena Cañón, se dedica a cumplir las labores de relacionista pública para el Senador Liberal Mario Castaño, tenía como tarea realizar la gestión ante los ministerios donde buscaba la viabilidad de los proyectos y ante alcaldes de los departamentos del Tolima y Caldas. Se documentó que, por su gestión, habría recibido diferentes pagos. En el proceso de la Fiscalía se relacionan por lo menos tres de ellos: 10 millones de pesos el 17 de marzo de 2021; 34 millones de pesos, el 14 de abril de 2021, y 100 millones de pesos, el 15 de julio de 2021.
Según el ente acusador existen pruebas contundentes de como el grupo que operaba desde la oficina del Senador liberal Mario Castaño, manejaban de forma ilegal la contratación al interior de entidades como la unidad nacional de gestión del riesgo, el Departamento para la Prosperidad Social, Proyecta Quindío, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, el Sena, la Gobernación de Caldas, la Gobernación de Chocó, Gensa, Dispac y más de 20 alcaldías en los departamentos del Tolima, Caldas, Risaralda, Choco, y Valle del Cauca.
La clave para cometer los ilícitos estaba en que desde la oficina del Senador Castaño, se ponían de acuerdo para cuadrar las licitaciones, antes que fueran publicadas y así ganar los diferentes procesos a través de distintas empresas manejadas por amigos del congresista con el fin de simular una aparente pluralidad de oferentes. Por lo menos 10 alcaldes y un gobernador ya están en la mira de las autoridades por todos estos hechos. Algunas de las empresas que se habrían utilizado para cometer los ilícitos entre otras eran, Top Ingeniería sas, Ingeniería y Futuro, Génesis y Procivilic.
En el Tolima la fórmula política del senador Mario Castaño es la exdiputada Graciela Vergara Monroy.
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