Denuncia por corrupción en elección de alcalde de Ibagué, desapareció de la Fiscalía

Un año después de haber instaurado denuncia formal por corrupción en la jornada electoral del 29 de octubre del año 2023, al momento de escoger a la alcaldesa de Ibagué, el proceso desaparecido como por arte de magia de la Fiscalía General de la Nación. Con algunas fuentes se pudo establecer que el último en ver la queja fue el director del CTI del Tolima Juan Carlos Pinzón Quiñones, quien se debía encargar de verificar las pruebas aportadas en su momento que se cuentan por cientos. Así que este funcionario de marras, debe entregar explicaciones del porqué en el ente acusador no existe rastro de la denuncia formal qué se hizo en su momento, y que quedó registrado ante los medios de comunicación del País.

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Informe Especial cambioin.com

Los comicios electorales del pasado 29 de octubre de 2023, no se pueden borrar de la memoria de los ibaguereños de bien, sobre todo cuando la designación de la actual alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera, estuvo rodeada de oscuridad, por las pruebas que aparecieron demostrando que se habrían alterado los registros de votación, donde se agregaron con lapicero cantidad de  sufragios qué no se depositaron por la hoy mandataria.

Por eso cuando se instauró la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, y a la cual se le hizo amplia divulgación por los medios de comunicación locales, regionales, y nacionales, se esperaba que dicha entidad aclarara lo sucedido sobre todo cuando las pruebas irrefutables demostraban un posible caso de corrupción electoral, qué debería tener responsables, los cuales deben ser castigados penalmente.

Pero esa espera se acabó de forma abrupta, cuando cambioin.com el portal de las noticias verificó con fuentes humanas de la misma Fiscalía, que dicho proceso desapareció, no se encuentra prueba alguna que demuestre que en esa entidad hubieran radicado la queja, cuando se le hizo amplia difusión por medios de comunicación por todo el país.

Lo que se sabe:

Luego de esa primera versión, este medio de comunicación digital, habló con otras fuentes de alto nivel de la Fiscalía General de la Nación sede Ibagué, y algunas coincidieron en afirmar que la última persona en conocer, y tener en sus manos el caso fue el director del Cuerpo Técnico de Investigación o CTI por su sigla en el Tolima Juan Carlos Pinzón Quiñones, a quien se le habría encargado la labor de designar el personal para verificar la veracidad de cada una de las pruebas, las cueles eran los formularios E14 donde se plasmaban los resultados de la votación para alcaldía de Ibagué, y que claramente estaban alteradas.

Pinzón Quiñones, es un funcionario de los que se considera intocable por tener varios años en la entidad. En el Tolima ha estado en dos oportunidades, inclusive cuando retorno desde Armenia donde lo tenían, llegó como director de Fiscalías, pero unos días después fue removido del cargo, y aseguran algunos que por petición del propio Alfonso Gómez Méndez, lo dejaron como director del CTI, labor que viene cumpliendo en esta oportunidad desde el año 2020.

Los cuestionamientos a Quiñones:

El CTI es la entidad encargada al interior de la Fiscalía General de la Nación, de cumplir la labor de Policía judicial, recaudar todo el material probatorio para que los fiscales puedan cumplir la labor de acusar a los indicados o procesados, si el Cuerpo Técnico de Investigación, no hace bien su trabajo, los casos se estancan o se pierden por que son muy débiles.

Teniendo en cuenta este argumento, es buenos analizar qué ha sucedido con los casos de corrupción administrativa denunciados ante la Fiscalía, y que avances han tenido desde el año 2020 con la llegada del señor Juan Carlos Pinzón Quiñones, sobre todo los procesos donde aparece involucrado el exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera y ahora su empleada Johana Ximena Aranda Rivera.

En los cuatro años del gobierno de Hurtado, el CTI, fue duramente cuestionado y ni una sola denuncia contra Andrés Hurtado, avanzó, por el contrario la demora en la búsqueda de las pruebas favorecieron abiertamente al polémico exalcalde. Aún retumba en el país, la denuncia que nos imaginamos esta siendo investigada, realizada por Marco Emilio Hincapié, contra la funcionaria del CTI de la Fiscalía del Tolima, Omaira Méndez Lozada, cuyo esposo e hijo tenían millonarios contratos con la alcaldía de Ibagué, por intermedio de la empresa de seguridad SARA, mientras la señalada investigaba el caso de los piques ilegales, del cual así hubieran existido irregularidades como se comprobó, el acusado se salvo por vencimiento de términos.

O el otro escándalo publicado por cambioin.com el portal de las noticias en donde funcionarios del CTI, que están bajo el mando del señor Juan Carlos Pinzón Quiñones, tomaban trago y se emborrachaban, al igual que se quedaban en fotos en una fiesta junto al mandatario para esa época Andrés Fabián Hurtado Barrera, a quien debían investigar.

Igualmente otras denuncias contra el señor Hurtado, y la actual alcaldesa de Ibagué Johana Ximena Aranda Rivera, por hechos de posible corrupción o irregularidades que son castigadas por el código penal en Colombia, ni siquiera llegan al despacho de un fiscal.

Para rematar ahora se conoce que la denuncia instaurada un año atrás, por corrupción electoral, ni siquiera aparece en la Fiscalía General de la Nación, pero todos los consultados coinciden en afirmar que la última persona que tuvo acceso a esa queja, fue el señor Pinzón Quiñones, quien debía de manera inmediata asignar los investigadores para verificar las pruebas.

Resumiendo todo lo anterior, es hora que la oficina de control interno de la Fiscalía General de la Nación, abra un proceso contra el CTI del Tolima para verificar que esta sucediendo al interior de ese despacho. También se hace necesario que las directivas del ente acusador a nivel nacional aclaren si es cierto que el señor Juan. Carlos Pinzón Quiñones, ocupa ese cargo hace 4 años, como cuota política del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, quién también debería dar explicaciones sobre su interés en detener ciertos casos de corrupción. Al mismo tiempo el ente acusador debe explicar que ha pasado con los casos de corrupción administrativa, o de enriquecimiento ilícito qué existe contra varios funcionarios públicos que hoy se dan vida de millonarios, cuando hace 4 años tenían empeñada hasta la licuadora porque no tenían para comer.

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