Justicia ordinaria debe conocer caso de Santiago Murillo: Fiscalía

Juez de garantías avala posición de fiscalía y da trámite a conflicto de jurisdicciones por investigación relacionada con muerte de estudiante durante jornada de protesta en Ibagué.

Vía: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación

El Juzgado Octavo Penal Municipal de Control de Garantías de Ibagué, compartió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, con los que busca continuar la investigación por los hechos ocurridos durante las movilizaciones del pasado 1° de mayo, en Ibagué (Tolima), en los que murió un joven de 19 años.

En ese sentido el juez dio trámite al conflicto de jurisdicciones que será resuelto por la Corte
Constitucional. Asimismo, compulsó copias para que sea investigado penal y disciplinariamente al juez 188 de Instrucción Penal Militar que abrió un proceso simultáneamente por este mismo caso.

En la investigación adelantada por la Fiscalía se ha establecido que la victima habría sido impactada por un proyectil disparado por un oficial adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué.

El material de prueba da cuenta de que el uniformado, al parecer, actúa desproporcionadamente y contrario a lo establecido en los protocolos definidos para controlar multitudes.
También hay indicios de que, presuntamente, accionó el arma de dotación sin que hubiera una amenaza contra su vida o la de algún integrante de la comunidad. Con esos planteamientos la Fiscalía sustentó el conflicto de competencia con la Justicia Penal Militar.

El Fiscal Francisco Barbosa Delgado ha reiterado que la Fiscalía General de la Nación investigará los casos relacionados con afectaciones a los derechos humanos, o que por sus condiciones puedan ser abordadas por la justicia penal ordinaria, para velar por la acción de la justicia.

De esta manera, la Fiscalía reafirma su compromiso con el esclarecimiento eficaz y oportuno de las circunstancias que afectan la vida y la integridad de la ciudadanía. De igual manera propenderá para que las investigaciones relacionadas por delitos cometidos contra el legitimo derecho a la protesta avancen con celeridad.

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