Foto: el Elefante blanco que dejó el alcalde de Ibagué. cambioin.com
Por: Editor Ibagué - Publicado en octubre 20, 2021
Desde el 2018 la culminación de la obra de encuentra en el limbo.
Por: Editora Local
Se vuelve a encender las redes sociales, por cuenta de las culpas que se lanzan algunos mandatarios, por no terminar las obras en Ibagué.
A través de su red social Twitter, el alcalde de la ciudad Andrés Fabián Hurtado, volvió arremeter contra su antecesor Guillermo Alfonso Jaramillo. Según Hurtado, el Centro Regional de Atención a Víctimas, se convirtió en otro ‘elefante blanco’ en la ciudad, ya que el proyecto debía ser entregado en febrero de 2020, y por incumplimiento e irresponsabilidad de la anterior administración, las obras no se construyeron en el tiempo establecido, falencias que generaron un detrimento patrimonial para la capital del Tolima. Es de recordar que días atrás, la Procuraduría General de la Nación, requirió al ingenio por no terminar lo que sería el lugar donde se ayudarían a las víctimas.
La obra que tiene nuevamente enfrentados a Hurtado y Jaramillo, inició en el 2018, cuando la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía de Ibagué, suscribieron el convenio interadministrativo 1440, como resultado del mismo, se desarrolló el proyecto para la construcción de un centro regional. Tras su aval, el 27 de diciembre de 2018 se suscribió un nuevo, convenio, donde aparte de la puesta en marcha de la estructura, se contempló la dotación del inmueble, y también se definieron los recursos que dispondrán las partes para el desarrollo del proceso.
El costo total del convenio fue de $2.906.801.604, de los cuales la Unidad de Víctimas se comprometió con $1.791.771.604 y la Alcaldía con $1.115.030.000 millones, de dicho monto $904.400.400 millones fueron en efectivo, el resto iba incluido en la entrega del lote avaluado en $210.630.000.
La ejecución del proyecto quedó en manos de la Administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, donde se adelantó el proceso de licitación pública, a través de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, cuando fungió como ordenadora del gasto Yennifer Parra, entonces titular de la cartera. El proceso le fue adjudicado al consorcio Betar Ibagué, representado legalmente por Antonio Domínguez González, y se firmó un contrato por $2.309.430.438, a su vez se contrató la interventoría que quedó a cargo de la Unión Temporal INT Ibagué 2019.
Al pasar de los días, se empezó a evidenciar el retraso en la ejecución de obra, que inicialmente estaba prevista que se desarrollaría solo en ocho meses. El consorcio pidió una adición presupuestal que oscilaba los $600 millones y una prórroga, mientras que la firma interventora cerrando el 2019 y empezando el 2020, pidió a la Secretaría de Desarrollo Social aplicar las respectivas multas al contratista.
Ya en marcha el gobierno de Hurtado, el trámite contractual se suspendió y pese a las advertencias del interventor, en febrero de 2020, la entonces secretaria de Desarrollo Social Martha Villarreal, prorrogó el contrato. Con la llegada de Francy Liliana Salazar a dicha Secretaría, la funcionaria inició el análisis jurídico, pero advirtió que en las diferentes mesas técnicas realizadas se concluyó que el consorcio no tenía los recursos para terminar la obra.
En la actualidad, la Secretaría de Desarrollo Social tras los informes del supervisor del contrato y el interventor de obra, que advirtieron un presunto incumplimiento, profirió una resolución en la cual se impuso la caducidad del proceso al consorcio Betar Ibagué.
Copia: del Twitter publicado por el alcalde de Ibagué Andrés Hurtado. cambioin.com
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