Los tolimenses que llamará la Fiscalía, por caso de corrupción del DPS

La Fiscalía General de la Nación, tiene listo el escrito de acusación contra cinco personas involucradas en negocios turbios con el Departamento de prosperidad social o DPS por su sigla cuando estaba en la subdirección de la entidad adscrita a la Presidencia de la República, el tolimense Piere García, hijo del exsenador tolimense Carlos García Orjuela. Conozca todos los detalles de los involucrados.

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Vía: Caracol Radio

Por: Periodista José Andrés González Gaitán, de Caracol Radio

“Marionetas 2”: A juicio cinco de los involucrados en el caso de corrupción DPS

La Fiscalía ratifica que los llamados a juicio harían parte de una empresa criminal que direccionó contratos de recursos para la paz bajo instrucciones de congresistas, entre estos el detenido senador Ciro Ramírez, A Juicio cinco de los involucrados en el caso de corrupción DPS.

Caracol Radio conoció que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de cinco de los involucrados en el caso de corrupción DPS, caso que se derivó del expediente “Las Marionetas” y cuyo “modus operandi” habría sido repartirse los contratos de los recursos de la Paz bajo instrucciones de seis congresistas.
Se trata de, Katherine Rivera Bohórquez, la entonces asistente del detenido exsenador Ciro Ramírez; Anderson González, el contratista que, según la Fiscalía, fue designado como la “ficha” clave de Ciro Ramírez para direccionar al menos 13 contratos a través del Departamento de la Prosperidad Social; Raúl Alfonso Cardozo, beneficiarios de los contratos de Ciro Ramírez; Pierre García Jacquier, el exdirector del DPS, enlace principal y el hombre que habría direccionado los contratos por orden del senador Ciro Ramírez; y por último, aparece Andrés José Ospina, contratista y enlace del senador Miguel Barreto.

Escrito de Acusación en contra de cinco involucrados en el caso de corrupción DPS

Van a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, e interés indebido en la celebración de contratos.

Para la Fiscalía, todos ellos habrían conformado una empresa criminal, que tenía como objetivo el direccionamiento irregular del contrato 670 de 2021 por más de $70 mil millones, de los recursos provenientes del Fondo de Inversión para la Paz, que fueron comprometidos a contratistas, presuntamente bajo el interés de seis congresistas, de quienes se les compulsó copias a la Corte Suprema.

¿De qué trata el caso de corrupción DPS?
Este escándalo de corrupción del DPS, surgió a raíz de las declaraciones que entregó el testigo principal Pablo César Herrera, el exdirector de la empresa Proyecta Quindío, y quien entregó pruebas a la Fiscalía y a la Corte del “modus operandi” que otros congresistas replicaron del fallecido exsenador Mario Castaño.

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“El proceso de adjudicación de los contratos con Proyecta Quindío consistía en realizar un aviso para que se presentaran los interesados, y una vez esto se hiciera, el Gerente General de la empresa de manera discrecional determinaba a quienes de estas personas interesadas enviaba la invitación privada con el propósito de que pudieran presentar su propuesta. Una vez se presentaban las propuestas se realizaba la evaluación pertinente, y se contrataba con quien cumpliera los requisitos contemplados en la invitación, advirtiendo que en la mayoría de las contrataciones derivadas del Convenio 670, se encontraba que 2 de los 3 invitados que presentaba su oferta, No entregaban alguna documentación ni lo subsanaban con el fin que solo cumpliera los requisitos de la invitación un (1) único proponente.

De esta manera se garantizó que los procesos de contratación, como la obtención de los réditos de la misma siguieran las instrucciones de los Senadores de la República, con lo cual se beneficiaron intereses particulares sobre el interés general que debe gobernar la contratación estatal”.

¿Quiénes son los senadores salpicados?
Los contratos direccionados a través del DPS entre el 2020 y 2022 se ubicaron en Cauca, Caldas Quindío, Risaralda, Chocó y Tolima.

Dentro de las líneas de investigación de la Fiscalía y que fueron remitidas a la Corte Suprema, se encuentra las labores de “viabilización” de recursos ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por parte de varios Senadores de la República, presuntamente, con el fin de obtener beneficios económicos ilícitos producto de lograr orquestar contratación direccionada en donde el contratista futuro correspondiera a los intereses de los respectivos senadores.

Los senadores en mención presuntamente serían:

- Mario Alberto Castaño Pérez. (fallecido)

- Sammy Merheg

- Carlos Abraham Jiménez López

- Juan Felipe Lemos Uribe

- Ciro Alejandro Ramírez.

- Miguel Ángel Barreto.

- Carlos Motoa.

Se lee en el escrito de acusación que, cada senador, presuntamente, cuenta con un subgrupo de operaciones para obtener los beneficios ilícitos de la contratación estatal.

Respecto del fallecido ex senador Mario Alberto Castaño, el subgrupo se denomina “Las Marionetas”, Grupo de Delincuencia Organizado (GDO) y presuntamente de las labores orquestadas por el grupo también se verían beneficiados los senadores Sammy Merheg, Carlos Abraham Jimenez Y Juan Felipe Lemos.

Estos senadores, al parecer tendrían control e incidencia en el contrato interadministrativo No. 501 del 26 de agosto de 2021 por valor de $22.173.276.570.

Escrito de Acusación en contra de cinco involucrados en el caso de corrupción DPS

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