Los exalcaldes e ingenieros enjuiciados por corrupción en el Tolima

Acusados dos ex alcaldes de Piedras (Tolima) por presuntas irregularidades en contrato para la construcción del alcantarillado en una vereda del municipio

Vía: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.

Los ex alcaldes de Piedras (Tolima) Rogelio Montealegre Murillo (2008-2011) y Arquímedes Ávila Rondón (2012-2015), fueron acusados formalmente por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento requisitos legales, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Misma diligencia se llevó a cabo en contra de Benjamín Orlando Arana Osuna, quien era contratista, Alberto Casabianca Moreno, quien fungía como interventor, Jhon Paul Peña Rojas, exasesor de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de la Alcaldía durante el año 2011, y Gloria Piedad Reyes Ariza, asesora de planeación para el mismo período de tiempo.
El caso
Actividades investigativas adelantadas por servidores del CTI de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, permitieron encontrar irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de obra N° 113 del 19 de noviembre de 2011, cuyo objeto era la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre, ubicada en zona rural de la localidad. El valor contratado superó los mil millones de pesos ($1.157’467.975).
Montealegre Murillo tramitó el contrato con Arana Osuna, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por su parte, Peña Rojas, asesor de la Alcaldía, habría participado en el trámite inobservando requisitos esenciales en los estudios previos.
Ávila Rondón, como mandatario local en 2012, liquidó el contrato haciendo caso omiso a las presuntas irregularidades.

Arana Osuna se habría apropiado de 290 millones de pesos aproximadamente, suma que le fue pagada por actividades y obras que nunca ejecutó. Igualmente, habrían permitido que Casabianca Moreno, como interventor del contrato, se apropiara de 86 millones de pesos aproximadamente, suma que le fue pagada por actividades que tampoco fueron ejecutadas.

Para ello habrían falsificado documentos públicos y privados.
Entretanto, Peña Rojas, Reyes Ariza y Casabianca Moreno, al parecer, rehusaron cumplir sus funciones, pues no realizaron la vigilancia al contrato tal y como lo exige la ley.
La audiencia de preparatoria de juicio será el 13 de junio de este año.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

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