Avenida Mirolindo, otra obra mal hecha, por el alcalde de Ibagué, Procuraduría investiga

Procuraduría abrió indagación contra funcionarios en averiguación de la Secretaría de Infraestructura Municipal de Ibagué, Tolima. ​Se busca establecer si se omitió la construcción de obras complementarias como cunetas, desagües y/o canalizaciones de aguas lluvias en la malla vial de la avenida Mirolindo.

Vía: Oficina de prensa de la procuraduría general de la nación

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos en averiguación de la Secretaría de Infraestructura Municipal de Ibagué, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del contrato para la rehabilitación de la malla vial de la avenida Mirolindo de Ibagué, Tolima.

A través de esta actuación, el ente de control busca establecer si se omitió la construcción de obras complementarias, como cunetas, desagües y/o canalizaciones de aguas lluvias necesarias para evitar las filtraciones de agua, empozamientos y el deterioro de la capa asfáltica de dicha vía.

Según un artículo publicado en un medio de comunicación local, el 3 de marzo de 2023, la “Alcaldía de Ibagué tuvo que invertir 700 millones para corregir la chambonada de la pavimentación de la avenida Mirolindo”, adicionales a los casi dos mil millones que habría costado la obra inicial; en la misma hacen referencia a una nota del mes de enero último, en la cual se denunció que «(…) La pavimentación de la avenida Mirolindo fue una "chambonada" y en seis meses podría deteriorarse de nuevo».

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, ofició a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Ibagué para que informe si adelanta actuación disciplinaria por los mismos hechos, y así, revisar si deberá remitir esta actuación para que sea acumulada al proceso que allí cursa, o si se cumplen los presupuestos para asumir este proceso disciplinario en ejercicio del poder preferente.

El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos, determinar la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron, y establecer si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado. 

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