Por: Editor en Jefe - Publicado en abril 09, 2018
Jorge Enrique Cardoso Rodríguez director de Cortolima. Cambioin
En exclusiva este medio de comunicación digital obtuvo copia del informe de vigilancia y control realizado por funcionarios de la autoridad ambiental a una mina de explotación de material en el municipio de Carmen de Apicala, donde se descubrió un grave daño ambiental en la zona, pero hasta la fecha no se le ha aplicado ninguna sanción.
Gracias al informe periodístico de cambioin.com el portal de las noticias, titulado: "Cortolima se niega cerrar mina que podría dejar sin agua un municipio", publicado el día 19 de febrero de 2017, se pudo acceder al documento denominado: "Expediente licenciado número 14007 realizado el día 13 de julio de 2017, quedando en firme el 25 de julio de ese mismo año, desde cuando tuvieron conocimiento las directivas de la entidad oficial en cabeza de Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, sobre los daños cometidos en zona rural de Carmen de Apicala. Los papeles lo firman los funcionarios Gabriel Jaramillo León ingeniero agrónomo profesional universitario y Nohora Fernanda Castellanos Aguilar, geóloga profesional universitaria, ambos miembros de planta de la entidad. En el mismo se puede intuir que existen algunos vigilados con corona al interior de la corporación autónoma regional del Tolima-Cortolima".
El informe de visita cataloga como infractor a la firma: aluviales Topos limitada, representado legalmente por Antonio Cifuentes Navarro, ubicado en la zona rural del municipio de Carmen de Apicala. Cómo denunciante aparece el señor Jorge Humberto Rodríguez Castro. Las conclusiones expresan que: mediante resolución 599 del 10 de marzo de 2009 Cortolima entregó licencia ambiental a ese proyecto minero, en el mismo obligaban a los beneficiarios realizar una serie de adecuaciones y cumplir unas regulaciones exigidas por ley, cualquier violación o incumplimiento daban para un cierre o sanción.
La situación más delicada comprobada en la revisión, fue la apertura por parte de los encargados de la mina los topos, de una carretera cuya extensión es de 1.8 kilómetros, realizada sin ningún tipo de autorización, dañando a su paso gravemente el ecosistema, pero peor aún afectado las márgenes protectoras de las fuentes hidricas afectando duramente el cause de la quebrada zanja seca, afluente que tributa sus aguas a la quebrada la Palamara, de la cual se surte de agua el municipio de Carmen de Apicala. Situación extremadamente delicada inclusive se le dio a conocer al alcalde de esa localidad y al personero, para que se convirtieran como víctimas en este caso. El trazo del carreteable ha generado la destrucción total de las especies forestales protectoras ubicadas en un área aproximada de 10 mil 800 metros cuadrados, aseguraron los funcionarios de Cortolima en su informe.
Estos dos hechos son suficientes; por un lado para sellar de manera definitiva la mina los topos, por los daños graves causados a un río que surte de agua a una población, por otro sancionar con una fuerte suma de dinero por los graves daños causados de forma conciente por los mineros.
Pero solo después que cambioin.com el portal de las noticias, publicará la denuncia de este caso que lleva 8 meses, el propio director de Cortolima Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, quien no había hecho nada para aplicar la sanción que la ley lo obliga, hizo algo muy extraño, se lo contamos después de presentar los soportes del informe del daño ecológico.
Copia 1: Informe contra mina los topos Carmen de Apicala. Cambioin
Curiosamente el director de la corporación autónoma regional del Tolima-Cortolima, Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, luego que este medio de comunicación digital, publicará la nota revelando parte del informe que hoy entregamos en detalle, designó unos nuevos empleados bajo su mando y ordenó una nueva visita para que después de febrero de 2018 revaluaran el anterior, situación que nunca hace en la entidad en estos casos los cuales van soportados con fotos, ahora se pretende ir con la Procuraduría para evitar sellar la mina los topos no se sabe porque razón.
En cambio al frente de ese yacimiento en cuestión, la corporación mantiene cerrado otro socavón, basado en un informe primario donde no se consigna ningún daño grave causado al ecosistema por lo menos como los realizados por sus vecinos, en este proceso nunca se hizo una revaluación, curiosamente es el mismo caso donde su afectado dijo que el diputado Alejandro Martínez, presionó a Cortolima para sellar la mina y el poder hacer efectivo el cobro de 500 millones de pesos.
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