A la cárcel experto estafador que había timado en Ibagué, Bogotá y Villavicencio.

Tras aceptar cargos por estafa agravada, un hombre fue enviado a la cárcel como medida preventiva.

Vía: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación

Se le investiga por un caso en Ibagué y dos más en Bogotá donde las víctimas habrían perdido más de 70 millones de pesos.

Por el delito de estafa agravada, la Fiscalía General de la Nación Seccional Tolima imputó cargos y logró medida de aseguramiento en la cárcel contra Milton Javier Gómez Poveda, quien durante la imputación de cargos por parte de un fiscal local de Ibagué aceptó su responsabilidad.

El procesado fue detenido por servidores del CTI en Villavicencio (Meta) en cumplimiento a la orden judicial que pesaba en su contra.
La Fiscalía lo señala de haber cometido este delito en Bogotá en dos oportunidades y una en Ibagué.
Para el caso de la capital tolimense, Gómez Poveda habría utilizado logos e identificación de empleados de un reconocido banco del país para ofrecer en venta inmuebles de remate que supuestamente tenía en su poder la entidad financiera.

Es así como les pedía a sus víctimas altas sumas de dinero para la adjudicación de dichas viviendas y una vez tenía el dinero los incautos no volvían a saber de él. Indagaciones del ente acusador, a través de su policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, permitieron asociar tres casos, en los cuales las víctimas habrían comprometido $73.700.000.

Estafa en Ibagué:

En las instalaciones de un hipermercado de la capital tolimense, a mediados de 2021, el hoy asegurado abordó a la víctima quién engañó obteniendo de él la suma de $43.000.000, haciéndole creer que era funcionario de una entidad crediticia. Dinero que recogió con la ayuda de su padre a quien convenció de hacer tal inversión. El negocio era para hacerse a una de las casas que el supuesto banco tenía en remate ante uno de los juzgados de la ciudad, y advirtió que esta labor la hacía ‘bajo cuerda’.

Para tal efecto les hizo firmar unos documentos como la carta de intención de postulación en subasta y una carta dirigida a una fiduciaria firmada por la víctima para poderle generar el cheque y así poderse presentar en audiencia ante el juzgado donde se llevabaría a cabo el supuesto remate.
Las víctimas no recibieron ni la vivienda ni la devolución de su dinero.

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