6 años de cárcel para empleado del IGAC por pedir mordida

Henry José Mejía Padilla. Funcionario IGAC capturado. Cambioin.com

 

Vía: Fiscalía General de la nació.

Condenado exfuncionario del Igac Tolima por recibir $15.000.000 de coimas para hacer trámites que eran gratuitos

Como resultado de las labores investigativas y de la sustentación jurídica por parte de una fiscalía seccional adscrita a la Unidad de Administración Pública de Tolima, el Juzgado 2° Penal del Circuito de Ibagué condenó a la pena de 6 años de prisión (72 meses) a Henry José Mejía Padilla, exfuncionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) en esa ciudad, por los delitos de concusión y cohecho impropio.

La sentencia se logró mediante preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, en el cual se estableció una rebaja en la pena a purgar, luego de degradar su participación en calidad de autor a cómplice.

Mejía Padilla, quien se desempeñaba como oficial de catastro grado 7 del Igac en la capital tolimense, fue hallado culpable de realizar exigencias económicas a propietarios de bienes inmuebles a cambio de agilizar y efectuar trámites relacionados con englobes, desenglobes, disminución del valor de los avalúos, entre otros procesos propios de su cargo.

De acuerdo con las labores investigativas, el monto de los dineros obtenidos de 22 víctimas, sería aproximadamente de $15.000.000. Gracias a la búsqueda selectiva en bases de datos, se comprobó que reclamó el dinero en diferentes casas de giros y remesas, no solo en Ibagué sino también en varios municipios cercanos, pues su labor se extendía hacia otras zonas del departamento en donde debía hacer la visita de rutina a los inmuebles.

El funcionario de carrera administrativa quedó al descubierto tras una denuncia realizada por una víctima a la que le tenía suspendido un proceso por cerca de 6 años, para lo cual ya le había pagado.

Las quejas empezaron a ser reiterativas ante la entidad y llegaron a oídos del mismo Director, quien brindó información valiosa a los funcionarios de policía judicial de la Fiscalía para adelantar el proceso investigativo.

Otro de los elementos de prueba fue el resultado de los análisis realizados a varias horas de grabación de las llamadas que le fueron interceptadas, en las que les exigía dinero a los propietarios de los bienes inmuebles a cambio de agilizar y efectuar trámites gratuitos.

Es de recordar que el hoy condenado fue detenido en octubre de 2018 por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en su lugar de trabajo en la capital tolimense.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

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