Por: Editor en Jefe - Publicado en mayo 23, 2016
Lo que faltaba
Foto: Guillermo Jaramillo Facebook personal montaje Cambioin
Las malas decisiones tomadas en el pasado por el hoy alcalde de Ibagué, comenzaron a pasarle cuenta de cobro, ahora deberá cancelar 280 millones de pesos de su propio peculio, por haber hecho condenar a la gobernación del Tolima.
La historia se remonta al año 2001 cuando se desempeñó como gobernador del Tolima el médico Cardiovascular pediátrico Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. En ese primer año de mandato, tomo la determinación unilateralmente de cerrar las fronteras a la distribución de aguardiente cristal de Caldas, labor que cumplía el consorcio Gómez Limitada, mediante convenio que había firmado con el gobernador Carlos Alberto Estefan Upegüi, documento que no tuvo en cuenta el ex mandatario seccional. Desde esa fecha los afectados iniciaron acciones legales, para reclamar dinero por daños y perjuicios causados por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.
En el año 2014 la justicia colombiana falló el litigio a favor de la compañía de la familia Gómez, distribuidores autorizados legalmente del aguardiente Cristal de Caldas, para la época de la ocurrencia de los hechos, el gobierno departamental durante todo el proceso judicial, incluyendo algunos años donde el mandatario seccional era el mismo Guillermo Alfonso Jaramillo, no pudieron demostrar un soporte legal valedero donde se hubiera basado ese gobierno, para tomar la determinación de cerrar las fronteras a esa bebida embriagante, violando a todas luces un convenio que se estaba cumpliendo a cabalidad, explicó la determinación de la justicia.
Se castigó el abuso de poder cometido por el gobernador para la fecha Jaramillo Martínez, también se determinó condenar al tesoro público seccional a cancelar la suma de 280 millones de pesos, como daños y perjuicios a la familia Gómez.
Curiosamente el pago de la sanción judicial al interior del gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón, se manejó bajo el más estricto secreto, sólo dos funcionarios, el encargado de la dirección de rentas de la gobernación y el ex secretario de hacienda de la gobernación Ángel María Gómez, manejaron esa información para que no se filtrara, en especial a los medios de comunicación. Precisamente desde la dirección de rentas se proyectó el pago de los 280 millones de pesos, objeto de la demanda de los distribuidores del aguardiente cristal de Caldas. Posteriormente Ángel María Gómez, firmó y entregó el cheque a sus propietarios.
Lo que no hicieron ni el exsecretario de hacienda ni el encargado de la dirección de Rentas de la gobernación del Tolima de Luis Carlos Delgado Peñón, fue remitir el pago que se realizó por la demanda, a la oficina jurídica para que desde esa dependencia se iniciará la acción de repetición, contra la persona que hizo condenar por su mal proceder a la entidad estatal, para este caso Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Algunos señalan que había mucha cercanía entre Delgado Peñón y la casa Jaramillo, a tal punto que la esposa del hoy mandatario de los Ibaguereños Vilma Piedad Gómez Cano, estaba en la nómina oficial de la gobernación del Tolima.
Cuando inició el mandato de Oscar Barreto Quiroga, la directora de Rentas Luz Aída Lara Bahamon, encontró unos papeles engavetados entre esos la denuncia que había perdido la gobernación del Tolima contra la familia Gómez por el cierre de fronteras al aguardiente cristal de Caldas. Por eso determinó por intermedio de oficio enviar al departamento jurídico, donde ya iniciaron la acción de repetición contra el hoy alcalde de Ibagué que deberá de su bolsillo desembolsar más de 280 millones de pesos, que ya pagaron con dineros del estado.
Esta redacción conoció que esta no sería la única decisión errada que ha tomado Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, en su larga vida pública, por eso se espera que en los próximos días se sepa de nuevos pronunciamientos en su contra por acciones similares.
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