Procuraduría tras caso de corrupción en acueducto de Ibagué

Procuraduría indaga presuntos hechos irregulares relacionados con el ‘tanque de la zona industrial’ que hace parte del proyecto ‘Acueducto Complementario’ de Ibagué, Tolima.

Vía: Oficina de prensa de la Procuraduría General de la Nación

Se indaga el posible hurto del acero de esta obra, la adjudicación del contrato por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado S. A. ESP (Ibal) para instalarlo, y la integridad del tanque que,  al parecer, estuvo guardado por siete años.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar, por presuntas irregularidades con respecto al ‘tanque de la zona industrial’ que hace parte del proyecto ‘Acueducto Complementario’ de Ibagué, Tolima.

El ente de control también indaga el posible hurto continuado del acero de cimentación del tanque, que tendría un valor aproximado de $ 357 millones de pesos, debido a que presuntamente desde que fue suspendida su instalación en el 2019, permaneció abandonado y sin vigilancia, según lo denunció un medio local.

El segundo lugar cuestionó la legalidad de la licitación adelantada por el Ibal para instalar el tanque, pues según la Veeduría Agua Para Ibagué (VAPI) al integrante mayoritario del ‘Consorcio Zona Industrial 2023’ seleccionado ya le habían adjudicado las obras del acueducto complementario, y además, porque el proponente ‘Consorcio Aqua Sol’ no pudo presentar su oferta financiera por problemas de la plataforma, y la Entidad se habría negado a ampliar el plazo para entregar las propuestas.

El ente de control también indaga las inconformidades señaladas en la nota de prensa con respecto a la presunta inexistencia de garantía de calidad del tanque y a los materiales con los que fue elaborado, por cuanto fue adquirido hace años y no hay certeza de su funcionalidad.

Finalmente, la Procuraduría averigua otros señalamientos del medio digital respecto el supuesto detrimento al erario por el costo de almacenamiento del tanque durante siete años, estimado en $ 504 millones de pesos, y la probable omisión en responder las inquietudes planteadas por la VAPI.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de identificar e individualizar el posible autor o autores de las faltas disciplinarias, así como la ocurrencia de posibles hechos de corrupción.

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