Fiscalía imputó cargos al alcalde de Venadillo (Tolima) por presuntas irregularidades en un contrato para la contención del Covid 19.

Vía: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación

Igualmente fue judicializada la secretaria de desarrollo agropecuario, un contratista y un tercero.

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y falsedad en documento privado, la Fiscalía General de la Nación, a través de un delegado del Grupo Anticorrupción de la Seccional Tolima, imputó cargos al alcalde del municipio tolimense de Venadillo, Jorge Armando Cabrera Gutierrez, los que no aceptó.

En el mismo sentido fueron imputados Deyanira Montenegro Mendieta, secretaria de Desarrollo Agropecuario; Claudia Guzmán Arango, representante legal de la Fundación Conservación Vida y Medio Ambiente y Jonathan Elder Salcedo Méndez, coordinador de proyectos de la misma fundación.

Los hechos motivo de esta diligencia judicial ocurrieron luego de la firma del contrato de prestación de servicios número 058, el 1 de abril de 2020, cuyo objeto contractual era la prestación de servicios logísticos para el cumplimiento de las medidas de orden público de prevención y contención del Covid-19 en el marco de la calamidad pública.
El valor del contrato ascendía a $124.740.812, de los cuales los investigadores del Grupo de Administración Pública del CTI detectaron una apropiación injustificada de $46.113.180.
En la etapa precontractual, según los elementos materiales de pruebas recaudados, simularon contratación mediante invitación pública, pero no enviaron las invitaciones. Lo que presentaron fue una cotización falsa para justificar el valor de la contratación, todo el mismo día.

Se logró constatar, igualmente, que la contratista ya sabía que el contrato le sería adjudicado a través de la fundación que representaba, a sabiendas que la entidad no era idónea para ejecutarlo. Y  con escrito de fecha anterior de llevarse a cabo el tramite contractual, delegaría todas las funciones a un tercero, Jonathan Elder, para que lo ejecutara.

El plazo inicial del contrato solo tenía una vigencia de 13 días, sin embargo, estipularon un término de dos meses, motivo por el cual suscribió también contrato de prestación de servicios con el tercero.

Las actividades investigativas continuarán mientras se fija nueva fecha para la audiencia de formulación de acusación.

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Funcionaria del conservatorio de música del Tolima denunció al rector de esa institución por acoso laboral y sexual, al parecer las autoridades no han actuado, por eso la red de mujeres exige públicamente que se haga justicia en este caso.

Informe especial cambioin.com

En un comunicado oficial la red de mujeres de Ibagué y el Tolima, hizo visible el caso de Jesika Adriana Arciniegas una empleada del conservatorio de música del Tolima, que denunció haber sido víctima de acoso laboral y sexual por parte del rector de esa institución oficial James Enrique Fernández.

Según el documento, la trabajadora en repetidas ocasiones ha sido víctima de acoso sexual y laboral por parte de su jefe, al punto que tuvo que denunciar el caso ante las autoridades, pero las mismas hasta el momento no han avanzado nada.

La red de mujeres, hizo público este caso para exigir la intervención de organismos de derechos humanos del orden internacional, para que le brinden protección a esta mujer.

En la misiva también se exige celeridad en este caso donde la integridad y seguridad de una fémina se ve en peligro.

Este es el comunicado oficial emitido por la red de mujeres de Ibagué y el Tolima, en donde exigen justicia para la empleada del conservatorio de música.

Copia: comunicado de la red de mujeres de Ibagué y el tolima. cambioin.com

 

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