Los cinco nuevos procesos contra alcaldía de Ibagué que afecta dos candidatos

Vía: Contraloría de Ibagué 

El equipo auditor de la Contraloría de Ibagué halló un posible detrimento patrimonial en la contratación de la  secretaría de gobierno local.

El ente fiscalizador por medio de su grupo auditor, y basados en las denuncias elevadas desde el Concejo Municipal en el 2018, que señalaban posibles irregularidades en la contratación al interior de la Secretaría de Gobierno, se la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, se realizó el respectivo seguimiento, encontrando diferentes procesos de carácter administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por un presuntos detrimentos patrimoniales.

Dichos procesos contractuales, se habrían ejecutado durante la alcaldía de Jaramillo y parte de la orientada por Luis H Rodríguez.

La primera irregularidad:

Arriendo de bodega para protección de personas

El contrato de alquiler suscrito entre la secretaría de gobierno con Germán Alberto León en el año 2017, para tomar una bodega del particular, en donde la alcaldía pretendía poner en funcionamiento el centro de protección a personas como parte de la implementación del código de Policía, se evidenció un detrimento por 216 millones 417 mil pesos. Esto debido a que se realizó una primera adición al contrato incrementando el canon de arrendamiento sin justificación, para pagar arreglos locativos que según la investigación fueron realizados por el municipio, aunado a la falta de soportes necesarios para justificar dicho pago, así como una certificación de la inmobiliaria La PAI la Quinta, donde advierten un mayor valor pagado a favor del contratista.

En este proceso aparecen en la lista de implicados en aspirante a la alcaldía de Ibagué Hugo Ernesto Zarrate, el candidato a la asamblea dle Tolima Marco Emilio Hincapie Ramírez, y el suspendido por la procuraduría director de Justicia Daniel Soto, como supervisor del contrato. 

El segundo caso:

Cámara de comercio y secretaría de gobierno

En este hallazgo, se observó un presunto detrimento patrimonial de 7 millones 500 mil pesos, en un contrato realizado entre la secretaría de gobierno con el entonces presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Luis Alfredo Huertas, con el que se pretendía realizar una actividad comunitaria en Llanitos.

Allí no se evidenció la ejecución del convenio en el tiempo programado, ni la inversión de los recursos de los que solo se sustentaron 500 mil pesos de los 8 millones  de pesos dispuestos dentro del presupuesto. 

Tercer caso:

Dudas en contrato con organismo  internacional 

Con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, la Secretaría de Gobierno, firmó un contrato durante el año 2017 con la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (Unodc), no obstante la documentación entregada “no es suficiente como para establecer ciertamente si el contrato se ejecutó en su totalidad”.

En la supervisión realizada por la contraloría se pudo encontrar que la entidad desconoció la clase de contratación de los profesionales, el aporte de informes parciales, además que no se justifica la inversión hecha por la Unodc, sobre los soportes del gasto, en cuantía de 125 millones 635 mil pesos y donde se habría evidenciado un posible detrimento patrimonial de 124 millones 994 mil pesos, cifra restante al valor del contrato.

Cuarto caso:

Contrato sin el lleno de los requisitos legales:

La contraloría de Ibagué detectó que en el contrato 1342 de 2018 cuyo valor es de 186 millones 180 mil pesos, no se canceló el valor total de las estampillas pro anciano y pro cultura, incumpliendo con los acuerdos municipales, en una cifra que asciende a 370 mil 300 pesos.

Otro proceso por no pagar estampillas 

Para la secretaría de gobierno, se le volvió recurrente no exigir el pago de estampillas en sus procesos contractuales, generando un posible presunto detrimento patrimonial como sucedió en el contrato del año 2018, que tuvo como objeto la compra de 3 camionetas para el cuerpo oficial de bomberos, en donde se incumplió con el pago de 2 millones 779 mil pesos en estampillas.

Quinto caso:

Contrato sin liquidar legalmente

Por último el grupo auditor de la contraloría de Ibagué, evidenció en el contrato firmado con una profesional por un valor de 19 millones de pesos, en donde no se encontró acta de liquidación, certificado de cumplimiento del trabajo realizado a satisfacción, así como la ausencia de documentos que constaten el cumplimiento de sus obligaciones. Situación que pone a la Secretaría de gobierno de la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la contratista en un proceso de carácter administrativo.

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