Por: Editor en Jefe - Publicado en agosto 10, 2015
De infarto
Foto: Oscar Barreto candidato gobernación Tolima. Cambioin.
Aunque amigos cercanos de la campaña conservadora a la gobernación del Tolima, insistan en decir que no hay preocupación dentro de ese sector por las decisiones que pueda tomar la justicia contra su candidato, la verdad es otra totalmente distinta y, los hechos que puedan suceder en los próximos días pudieran cambiar el destino de las elecciones que se avecinan.
Cambio in en exclusiva pudo establecer que con el pie en el acelerador se encuentran en la Fiscalía delegada ante la corte suprema de justicia, que lleva el caso de los cupos fantasmas que se habrían pagado con dineros del estado durante el primer periodo de Barreto Quiroga en la gobernación del Tolima. Los últimos hechos señalan que ese ente acusador se encuentra muy interesado en abrir proceso formalmente contra el ex mandatario.
Dos hechos que se han presentado en los últimos días, hacen creer que pueda haber pronunciamiento en la Fiscalía General de la Nación, frente al caso de los contratos que el ex gobernador del Tolima Oscar Barreto Quiroga entrego a las empresas Funcolombia y Funimedes para la capacitación en educación media del adulto mayor, durante los cuatro años que duro su periodo. Como primera medida esta redacción se enteró que por petición expresa del Fiscal 2 delegado ante la corte suprema de justicia que adelanta las indagaciones, solicito al gobernador del Tolima actual Luis Carlos Delgado Peñón que por intermedio de un informe pormenorizado; detallara cuantos estudiantes fueron beneficiados por parte de este programa y, cuantos millones invirtió la pasada administración en el pago por dicho proceso; como resultado de esa pregunta varios hechos curiosos sucedieron al interior de la gobernación. El primero de ellos que ningún funcionario quería hacerse cargo de presentar, hacer y mucho menos firmar esa petición.
Al final y por presión de la misma fiscalía en menos de 8 días el palacio del mango respondió al ente acusador, que al parecer en el reporte final luego que se depurara la lista de beneficiarios del programa: se encontró qué de los 8 mil estudiantes por los que se les pago a estas empresas Funcolombia y Funimedes hacían falta 4700 estudiantes los cuales fueron incluidos en su momento para cobrarle a la gobernación de soluciones para la gente. Pero la segunda parte de la respuesta es más preocupante y es que se reconoce que se habría pagado por parte de la administración seccional unos 15 mil millones de pesos, por un servicio que al parecer nunca se prestó, o así queda al descubierto al mirar que por ningún lado aparecen los 4 mil 700 estudiantes, reportados por los contratistas.
Los dineros utilizados para pagar ese trabajo son del situado general de participación SGP, es decir provienen del ministerio de educación por eso tienen vigilancia especial de la Contraloría General de la Republica, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación. Este caso se conoce como los cupos fantasmas; es decir el estado paga por cada persona que se capacite, y al certificar un número de estudiantes que nunca existieron se configura en un robo al estado; por este mismo delito han sido detenidos en el país alcaldes y gobernadores. Pero a esta situación hay que agregarle que el jueves 6 de Agosto, es decir la semana pasada la misma fiscalía 2 delegada ante la corte suprema de justicia fueron convocados de urgencia para ampliar indagatoria en este mismo caso, los directivos del polo democrático alternativo, que fueron los denunciantes ante ese ente investigador. La diligencia duro más de cuatro horas y media; pero llama la atención que a los que convocaron para ese día le expresaron que esa versión que se estaba realizando era para determinar si se tomaba o no una medida de aseguramiento contra los implicados en la realización de este contrato, determinación que perjudica directamente al ex gobernador Oscar Barreto Quiroga, al igual que a por lo menos 6 funcionarios más y varios particulares. Por eso los miembros de ese grupo político se encuentran en estado de máxima alerta por la determinación que puedan tomar en contra o a favor de ese candidato.
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